JUSTICIA

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El incremento del índice de delitos cometidos en nuestra sociedad es tan innegable como lo es también el incremento de la violencia que los caracteriza; y esto, lamentablemente, ha quedado ya muy lejos de la mera sensación. No hay día en que estos hechos no protagonicen los titulares de los diarios, y no hay vez en que antes de que podamos recuperarnos del impacto que nos provoca la noticia, los responsables hayan sido puestos en libertad bajo el cobijo de una justicia que parece tener predilección por una parte de la sociedad a la que sabe vulnerable, y de la que pareciera esperar a cambio un voto de confianza que les retribuya la gentileza.

Una sociedad insegura y violenta es la consecuencia indiscutida de un Estado ausente, ya que su entramado no puede mantenerse indemne sin políticas que apunten a consolidar los valores que la mantienen en pie a lo largo de las generaciones. Y este es el punto: el claro retroceso en materia de Derechos Humanos, los cuales, a pesar de su carácter universal y progresivo; de su Jerarquía Constitucional otorgada con la Reforma de 1994; de haber sido incorporados en el Art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna y de haber sido oportunamente ratificados por nuestro país, fueron alzados como bandera de una política autoproclamada inclusiva, y que a partir de lo cual son aplicados por ésta de manera arbitrariamente parcializada, en un claro desmedro de los intereses del Bien Común.

Vivimos en país en el que reina el desamparo del ciudadano de bien, del que sale a trabajar a diario sin saber si quienes ganaron la calle le concederán el privilegio de poder volver a su casa a reencontrarse con su familia; un país en el que se priorizan los derechos de los delincuentes, de los asesinos que sienten el más absoluto desprecio por la vida de sus conciudadanos; un país que se ha convertido en el favorito de quienes expanden sus actividades ilícitas más allá de sus propias fronteras, para instalarse donde saben que gozarán de una impunidad internacionalmente conocida; un país azotado por flagelo de la droga que deja a los jóvenes marginados y excluidos de toda posibilidad de futuro.

 

Queremos que Argentina vuelva a ser un país JUSTO, en el que recobre vigencia el sistema de premios y castigos como incentivo fundamental de buenas conductas, las cuales, multiplicadas, contribuyan a la restauración de este entramado social por demás deteriorado. Pero para esto es indispensable contar con un Estado responsable, que proteja a quienes van por la vereda del bien, a la gente honesta, a la gente buena; es indispensable que el Estado deje de lado este garantismo feroz que tantas vidas se cobra cada día y que a pasos de convertirse en abolicionismo sigue cercenando a tantas familias honestas que solo pretenden vivir en PAZ.  

Es fácil ser garantista cuando se está custodiado. Un modelo que no está en sintonía con millones de reclamos de JUSTICIA y SEGURIDAD, claramente, no puede abrigar esperanza alguna de continuidad.

JUNTOS podemos hacer de nuestra querida Argentina, un país DISTINTO.

 

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